Declaración jurada aportada al Tribunal Superior por Michaela Clayton, abogada de derechos humanos con amplia experiencia en cuestiones de VIH/SIDA y derechos humanos, en la que concluye que, en su opinión de experta, es improbable que la penalización del VIH prevenga nuevas infecciones o reduzca la vulnerabilidad de las mujeres al VIH, sino que, de hecho, podría perjudicar a las mujeres en lugar de ayudarlas, y también puede tener un impacto negativo tanto en la salud pública como en los derechos humanos.
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