Se reafirma la postura de ONUSIDA sobre la criminalización y se realizan recomendaciones específicas para ayudar a que gobiernos, responsables de elaborar políticas, agentes del orden y sociedad civil pongan límite a la aplicación excesivamente amplia de la legislación penal relacionada con el VIH.
Durante las últimas tres décadas, se han utilizado a nivel nacional, estatal y local enfoques legislativos para prevenir la transmisiôn del VIH. Un enfoque legislativo punitivo ha sido la promulgaciôn de leyes que criminalizan conductas asociadas a la exposiciôn al VIH (leyes criminales específicamente relacionadas con el VIH). En los Estados Unidos, las leyes criminales especificamente relacionadas con el VIH han sido en gran medida influenciadas por leyes estatales. Estas leyes imponen sanciones criminales a las personas que saben que tienen el VIH y posteriormente participan en ciertos comportamientos o conductas, frecuentemente la actividades sexuales, sin la divulgaciôn previa del estado serolôgico del VIH. Estas leyes han sido objeto de un intenso debate público. Utilizando métodos de investigaciôn de la ley de salud pública, datos obtenidos de la base de datos legal WestlawNextfueron analizados para describir la prevalencia y las características de las leyes que criminalizan la posible exposiciôn al VIH en los 50 estados de los Estados Unidos y el Distrito de Columbia y examinar las implicaciones de estas leyes en la práctica de salud pública. Las primeras leyes estatales fueron promulgadas en 1986; para el año 2011, un total de 67 leyes se habían promulgado en 33 estados. Para el año 1995, casi dos tercios de todas las leyes habían sido aprobadas; para el año 2000, el 85 % de las leyes habían sido aprobadas; y desde el año 2000, se han aprobado otras 10 leyes adicionales. Veinticuatro estados requieren que las personas que saben que tienen el VIH revelen su condiciôn a sus parejas sexuales y 14 estados requieren divulgaciôn de la condiciôn del VIH a las parejas con quien comparten agujas. Veinticinco estados criminalizan uno o más comportamientos que representan un riesgo bajo o insignificante para la transmisiôn del VIH. Casi dos tercios de los estados de los Estados Unidos han promulgado legislaciôn que criminalizan la posible exposiciôn al VIH. Muchas de estas leyes penalizan conductas que representan un riesgo bajo o insignificante para la transmisiôn del VIH. La mayoría de estas leyes se aprobaron antes de que investigaciones conducidas demostraran que la terapia antirretroviral (ART, por sus siglas en inglés) reduce el riesgo de transmisiôn del VIH y la mayoría no toman en consideraciôn medidas de prevenciôn que reducen el riesgo de transmisiôn del VIH, tales como el uso del condôn, ART, o la profilaxis pre-exposiciôn (PrEP). Se exhorta a los estados que han aprobado leyes criminales específicamente relacionadas con el VIH a utilizar los hallazgos de este trabajo para reexaminar las leyes vigentes, evaluar la alineaciôn de las leyes con la evidencia actual con respecto al riesgo de transmisiôn del VIH, y considerar si estas leyes son el mejor vehículo para lograr los fines previstos.
Artículo completo disponible solo en inglés: https://www.ada.gov/hiv/HIV-criminalization-paper.htm
En 2018, veinte destacados científicos especializados en el VIH publicaron la «Declaración de consenso de expertos sobre la ciencia relativa al VIH en el contexto del derecho penal» (la Declaración de Consenso de Expertos), con el fin de abordar el mal uso de la ciencia relativa al VIH en las leyes punitivas y procesamientos penales de personas que viven con el VIH por actos relacionados con actividades sexuales, morder o escupir. El proceso consistió en llevar a cabo un detallado análisis de los mejores datos disponibles de investigaciones científicas y médicas sobre la transmisión del VIH, la eficacia de los tratamientos y la ciencia forense.
Sobre la base de un informe de antecedentes inicial, publicado en 2020 HIV Justice Network (HJN) llevó a cabo nuevas investigaciones entre abril y julio de 2023 para examinar el impacto de la Declaración de Consenso de Expertos en las causas judiciales y el trabajo de incidencia durante los cinco años desde su publicación.
