Durante más de una década, la ONU y otros organismos internacionales han reconocido que la criminalización del VIH constituye una preocupación global, haciendo llamamientos a que se revisen los marcos de trabajo legal y la utilización de leyes para abordar el VIH.
En el documento (página 23), se especifica por primera vez que cuando un país solicita que se valide la eliminación de la transmisión maternoinfantil del VIH debe exigirse una "No criminalización de la transmisión de madre a hijo". Se trata de la primera vez en la historia de la salud pública en que la garantía de los derechos humanos se considera un requisito previo a la hora de validar la eliminación de una enfermedad.
Se reafirma la postura de ONUSIDA sobre la criminalización y se realizan recomendaciones específicas para ayudar a que gobiernos, responsables de elaborar políticas, agentes del orden y sociedad civil pongan límite a la aplicación excesivamente amplia de la legislación penal relacionada con el VIH.
Presenta una base de evidencias científicas coherentes y convincentes relacionadas con los derechos humanos y aspectos jurídicos relacionados con el VIH, incluyendo comentarios y recomendaciones al respecto.
En él se insta a los gobierons la limitar el tratamiento penal del VIH a los casos de transmisión intencional, argumentando que no se debería aplicar la legislación penal en un abanico de distintas circunstancias, como por ejemplo cuando no existe un riesgo significativo de transmisión del virus.
Incluye un comentario (en la página 40) que afirma que los Estados deben reformar las legislaciones que impiden el ejercicio del derecho a la salud sexual y reproductiva. Entre los ejemplos se incluyen aquellas leyes que criminalizan la no revelación del estado serológico, la exposición y la transmisión del VIH.
Veinte científicos provenientes de diferentes regiones del mundo elaboraron la presente Declaración de Consenso de expertos con el objeto de abordar la utilización que el sistema de justicia penal hace de la ciencia relativa al VIH. La descripción de las posibilidades de transmisión del VIH se limitó a las vías más frecuentes discutidas en las causas penales. Los autores recomiendan obrar con prudencia durante los procesamientos, al mismo tiempo que recomiendan a los Gobiernos y aquellos actores que trabajan en los sistemas jurídicos y judiciales a prestar especial atención a los avances significativos que se han producido a lo largo de los tres últimos decenios en la esfera científica del VIH para que la aplicación de las leyes en los casos relacionados a la transmisión del VIH se fundamente en los últimos conocimientos científicos.
Este Informe destaca los desarrollos dados desde el año 2012 en ciencia, tecnología, leyes, geopolítica y financiamiento que afectan a las personas que viven con el VIH o están en riesgo de contraerlo y sus coinfecciones. Las recomendaciones complementan y amplían las del informe 2012 de la Comisión: Riesgos, derechos y salud, que siguen siendo tan relevantes hoy como lo eran hace seis años.
El informe (A/HRC/14/20) señala y describe claramente diversas formas en las que la criminalización socava la respuesta efectiva al VIH.
