Dada la gran población inmigrante en California, los investigadores del Instituto Williams analizaron los datos de la Información del Registro de Antecedentes Penales de California (CORI por sus siglas en inglés) sobre delitos relacionados con el VIH en California para explorar los datos demográficos y las experiencias de las personas nacidas en el extranjero en comparación con sus pares nacidos en los EE.UU.
Este artículo explica cómo la amenaza de procesar a las madres seropositivas que expongan o transmitan el virus a sus fetos o a sus recién nacidos desanimará y asustará a las mujeres para que no busquen un tratamiento médico adecuado, en lugar de fomentar el tratamiento y la prevención del VIH. También explora cómo las leyes de transmisión penal del VIH en Estados Unidos podrían obstaculizar y ahogar los avances en la prevención y el tratamiento de la transmisión vertical. Concluye proponiendo un modelo de cambio para abordar estos estatutos de transmisión penal específicos del VIH.
La auditoría, dirigida por Sally Cameron, analista principal de políticas de la Red de Justicia del VIH, en nombre de la HJN y de la Asociación Nacional de Personas con VIH de Australia (NAPWHA), reveló que las leyes de pruebas obligatorias están en desacuerdo con la política nacional de pruebas del VIH y están operando al margen de las respuestas estructuradas y altamente exitosas al VIH gestionadas por los médicos y los departamentos de salud. La auditoría descubrió que, en muchos casos, las leyes, su aplicación y su seguimiento incluyen numerosos fallos estructurales, que suelen darse en varios estados.
Este documento fue traducido de su idioma original usando DeepL Pro (una aplicación web basada en inteligencia artificial) a fin de facilitar la lectura del contenido para los usuarios de la HIV Justice Academy. Reconocemos las limitaciones de las traducciones realizadas a través de este tipo de tecnología y no podemos garantizar la precisión de la versión traducida.
A raíz de los recientes informes sobre procesamientos relacionados con la donación de sangre en Rusia, Singapur y Estados Unidos, HIV Justice Network emprendió una investigación documental, cotejando y clasificando todas las leyes conocidas de países y jurisdicciones que criminalizan específicamente las donaciones de sangre por parte de personas que viven con el VIH, así como los procesamientos conocidos en virtud de estas leyes. Analizamos estas leyes y casos utilizando un marco de orientación política global y de derecho de los derechos humanos, informado por los datos científicos internacionales y estatales que evalúan los riesgos de transmisión a través de la transfusión de sangre.
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En esta revisión literaria, los autores analizan la criminalización de la lactancia materna dentro del contexto de las actuales recomendaciones médicas y las percepciones culturales de esta práctica. Destacan las causas penales en el mundo contra mujeres que viven con el VIH por amamantar y los criterios para justificar la criminalización. Por último, hacen recomendaciones para avanzar hacia la despenalización, eliminando esta barrera para la prevención, el tratamiento y el cuidado del VIH.
Los investigadores del Instituto Williams analizaron los datos de la Información del Registro de Antecedentes Penales de California (CORI por sus siglas en inglés) sobre delitos relacionados con el VIH en California para explorar los datos demográficos y las experiencias de las personas nacidas en el extranjero en comparación con sus pares nacidos en los EE. UU. Mientras que solo el 30% de los inmigrantes en este conjunto de datos tenían procesos de inmigración registrados en sus antecedentes penales, entre ellos, a uno de cada cuatro se le inició el proceso después de un incidente relacionado con el VIH. Esto recalca aun más el impacto que la criminalización del VIH puede tener en las vidas de los inmigrantes no ciudadanos más allá del impacto en sus pares ciudadanos.
El presente documento tiene por finalidad la divulgación de un caso reciente de criminalización del VIH ocurrido en agosto de 2022, en la provincia de San Luis, Argentina en donde se criminalizó a una mujer con VIH que decidió acceder a su derecho de elegir la forma de alimentar a su bebé a través de la lactancia materna exclusiva.
