La auditoría, dirigida por Sally Cameron, analista principal de políticas de la Red de Justicia del VIH, en nombre de la HJN y de la Asociación Nacional de Personas con VIH de Australia (NAPWHA), reveló que las leyes de pruebas obligatorias están en desacuerdo con la política nacional de pruebas del VIH y están operando al margen de las respuestas estructuradas y altamente exitosas al VIH gestionadas por los médicos y los departamentos de salud. La auditoría descubrió que, en muchos casos, las leyes, su aplicación y su seguimiento incluyen numerosos fallos estructurales, que suelen darse en varios estados.
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